Los resultados de la elección judicial en México han provocado polémica por una puñado de ganadores más que cuestionables. Al menos 13 candidatos arrastran antecedentes que pueden hacer tambalear su triunfo. Los aspirantes en cuestión han sido exhibidos por expertos, consejeros electorales y organizaciones sociales como defensores por su relación con líderes del crimen organizado, delitos como robo de combustible, trata, tortura, acoso, feminicidio, violencia sexual y malas prácticas en el servicio público.

Los 13 están a un paso de convertirse en jueces y magistrados a nivel federal y local. A los federales, solo les quedan dos filtros: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, el último dique de contención.

Uno de los más controvertidos es Hernán Vega Burgos. Este abogado ha ganado una magistratura local en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y es acusado de proteger una red de trata y explotación sexual en su Estado en su periodo como delegado del Instituto Nacional de Migración, en 2009. Dos mujeres, originarias de Costa Rica, acusaron a Vega Burgos de cobrarles una cuota por prostituirse. La Jornada registró la declaración de una de las presuntas víctimas: “Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”. El abogado ha sostenido que fue víctima de la fabricación de un delito por parte de la fiscalía del Estado. Su triunfo aún puede revertirse en el órgano electoral local que no ha entregado las constancias. 

Silvia Delgado, exabogada del Joaquín El Chapo Guzmán, ha ganado en la elección local de Chihuahua. La litigante ha recibido este miércoles del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la constancia de mayoría. Esto la pone a un paso de convertirse en jueza en materia penal por el distrito judicial Bravos, que abarca tres municipios de la entidad. El Tribunal Electoral, última instancia en los temas electorales, será quien tenga la última palabra.